Nueva York, San Francisco, Seattle y Chicago, junto con el estado de Nueva York, presentaron demandas contra la Administración de Donald Trump para impedir la aplicación de la nueva regla federal de “carga pública”, que amplía los factores que pueden considerar los funcionarios migratorios al evaluar determinadas solicitudes de visas y residencia permanente.
La acción judicial ocurre pocos días antes de que la normativa entre en vigor, el 18 de septiembre de 2026. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) eliminó la regulación de 2022 y devolvió a los funcionarios una mayor discreción para analizar, caso por caso, las circunstancias financieras de ciertos solicitantes.
¿Qué cambia con la nueva regla de carga pública?
La normativa federal permitirá considerar determinados beneficios públicos que la regulación de 2022 había limitado. Entre ellos figuran algunos programas de asistencia médica, alimentaria, vivienda y otros beneficios sujetos a comprobación de ingresos.
La regla no afecta automáticamente a todos los inmigrantes. Se aplica a determinadas personas que solicitan admisión a Estados Unidos o un ajuste de estatus para obtener la residencia permanente.
La información oficial de San Francisco también señala excepciones para categorías como asilados, refugiados, beneficiarios de visas U y T, VAWA y ciertos menores inmigrantes.
USCIS sostiene que el cambio busca reforzar el principio de autosuficiencia y permitir que los funcionarios evalúen todos los factores pertinentes de cada caso.
La agencia anunció además que la nueva regulación comenzará a aplicarse a solicitudes de ajuste de estatus presentadas a partir del 18 de septiembre.
Ciudades alegan temor entre familias inmigrantes
Los gobiernos locales que demandaron cuestionan la legalidad de la nueva política y sostienen que puede provocar que personas elegibles dejen de utilizar servicios públicos por temor a consecuencias migratorias.
La demanda argumenta que el Gobierno federal modificó de manera sustancial la interpretación de “carga pública” y que debió seguir procedimientos adicionales antes de implementar el cambio.
Nueva York sostiene además que la norma podría aumentar la presión sobre programas locales y hospitales si inmigrantes y familias de estatus migratorio mixto dejan de utilizar beneficios disponibles.
La propia Oficina de Asuntos de Inmigrantes de Nueva York advierte que el cambio todavía puede enfrentar modificaciones judiciales y recomienda no abandonar beneficios o servicios necesarios sin consultar previamente con un proveedor legal de confianza.
Mientras avanzan las demandas, la fecha establecida por DHS para la entrada en vigor de la nueva regla permanece fijada para el 18 de septiembre de 2026, salvo que un tribunal ordene retrasarla o bloquearla.
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