Las recientes reformas legales en Florida han endurecido las penas para el robo menor, que para la mayoría de las personas puede resultar en un año de prisión y una multa de $1.000.
Sin embargo, para los inmigrantes en situación irregular, este mismo delito puede llevar hasta cinco años de prisión y una multa de $5.000.
Según informa Telemundo estas medidas son implementadas en un contexto donde la administración de Donald Trump ha intensificado la lucha contra la inmigración ilegal.
Por ello se han ido estableciendo sanciones más severas para quienes cometen delitos en el país sin autorización.
¿Qué cambia con la reforma?
El gobernador Ron DeSantis declaró que estas leyes buscan aumentar la seguridad en el estado y servir como modelo para otras jurisdicciones.
Según el congresista estatal Lawrence McClure, la intención es disuadir la inmigración ilegal, enfatizando que no se debe ingresar a Florida sin autorización.
No obstante, defensores de derechos civiles han señalado que estas leyes podrían violar la garantía constitucional de igualdad ante la ley.
La pena de muerte también se ha visto afectada, ya que las nuevas normativas imponen esta sanción de manera automática para quienes cometen delitos capitales en el país de forma ilegal.
Aunque la Corte Suprema de Estados Unidos ha dictaminado que las penas de muerte obligatorias son inconstitucionales, las leyes de Florida eliminan la discreción judicial en ciertos casos, lo que podría llevar a desafíos legales.
Además, DeSantis firmó una ley que incrementa las penas para aquellos que cometen delitos graves después de haber sido deportados, aumentando la clasificación de los delitos.
Delitos que aplican
Estas reformas se aplican a todos los delitos, incluidos los menores, para quienes se encuentren en el país sin autorización.
Expertos legales sugieren que si estas leyes son impugnadas, es probable que se remita a un fallo de la Corte Suprema de 1982.
Esta ley cuestiona la justificación de tratar a individuos de manera diferente basándose en su estatus migratorio, lo que podría tener implicaciones significativas sobre la constitucionalidad de las nuevas leyes en Florida.
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