Hay que prestar especial atención a este nombre en los proximos días: Pam Bondi, la nueva fiscal general de Donald Trump, ya que ordenó este miércoles la retirada de fondos del Departamento de Justicia a las jurisdicciones que se nieguen a cooperar con las autoridades federales de inmigración.
Este hecho, anunciado en un comunicado este miércoles, podría suponer un importante recorte de fondos para Nueva York, entre otras ciudades. Entre los estados santuario actuales se encuentran California y Connecticut, mientras que entre las ciudades están Chicago, Philadelphia y Washington, D.C.
¿Cuáles planes tiene la nueva fiscal general?
La abogada Pamela Jo Bondi, que sirvió anteriormente como fiscal general de Florida, prepara ya una serie de directivas de gran alcance en su primer día al frente del Departamento de Justicia.
Entre ellas, destacan:
- Que los fiscales busquen la pena de muerte en todos los casos donde sea apropiado
- La colaboración con el Departamento de Seguridad Nacional para "eliminar por completo" a los carteles y otros grupos criminales internacionales
- Pausar todos los fondos federales para las ciudades santuario
¿Por qué sucede esto?
Esto sucede debido a que las llamadas ciudades santuario se niegan actualmente a alertar a las autoridades migratorias cuando encuentran o detienen a indocumentados que, cuando terminan de cumplir su condena en prisiones estatales o cárceles locales, son liberados en vez de entregados al servicio de Inmigración y Control de Aduanas para ser deportados.
El Departamento de Justicia ya había ordenado a los fiscales federales que investiguen a cualquier funcionario estatal o local que se interponga en el camino de la aplicación de medidas migratorias.
¿Qué planes tiene Donald Trump?
Para presionar a las fuerzas del orden locales a cooperar, Trump les podría cortar a las ciudades santuario el acceso a las subvenciones del Departamento de Justicia, conocidas como el programa Byrne JAG, que es la principal fuente de financiación de la justicia federal.
Históricamente, el Departamento de Justicia ha concedido más de 250 millones de dólares anuales a las fuerzas del orden estatales y locales a través de ese programa.
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