En Texas, Estados Unidos (EEUU), ha surgido una nueva propuesta de ley que sumaría una pesada derrota a la ya precaria situación de los inmigrantes indocumentados en el estado, cortando su posibilidad de acceder a la educación.
Estamos hablando del Proyecto de Ley Senatorial 1205 (SB 1205), impulsado por el senador Bob Hall, como lo reseña el portal de Terra.
En este sentido, Hall argumentó que el sistema actual impone una carga injusta a los contribuyentes estadounidenses al permitir que los migrantes indocumentados accedan a educación gratuita.
Aunque el proyecto aún se encuentra en una fase inicial, y deberá ser revisado por el Comité del Senado antes de avanzar a la Cámara de Representantes, causa preocupación entre la comunidad.
Además, se dio a conocer que, en caso de aprobarse, entrará en vigor a partir del 1 de septiembre de 2025.
Lo que implica la propuesta y su impacto
Aunque este proyecto no prohíbe a los inmigrantes indocumentados el acceso directo a la educación, lo cierto es que los dos puntos clave de la ley son suficiente para romper con las aspiraciones académicas.
Bien sea por no contar con las posibilidades para enfrentar los gastos que implica, como por el temor a ser deportados por el simple hecho de estudiar.
Y es que se plantea que:
- Los distritos escolares de Texas no podrán utilizar fondos estatales para la educación de estudiantes sin estatus legal.
En su lugar, deberán cobrarles una matrícula equivalente al costo promedio de la educación en el distrito. Lo cual más allá de ser o no injusto representa un cambio que pocas personas sin estatus legal podrían permitirse.
- Además, se requerirá que los distritos documenten el estatus migratorio de los estudiantes y reporten esta información a la agencia estatal correspondiente.
Una ley que va contra la propia ley
En defensa de los inmigrantes, abogada y defensora de los derechos humanos, Belinda Arroyo recordó que muchas familias inmigrantes contribuyen económicamente a través del pago de impuestos.
También recordó que, esta propuesta de ley entra en conflicto con el fallo de la Corte Suprema en el caso Plyler vs. Doe de 1982.
La cual garantiza el derecho a la educación pública para todos los niños, independientemente de su estatus migratorio.
Por lo que al negar ese derecho se estaría violando la Cláusula de Igual Protección de la Decimocuarta Enmienda, según lo retomado por American Immigration Council.
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