El reciente arresto de Daniel Chu, director y fundador de Tricolor Auto, ha destapado una serie de irregularidades financieras que culminaron en el cierre de más de 50 sucursales el pasado mes de septiembre.
Las investigaciones del Departamento de Justicia y el FBI señalan que la empresa no atravesó una quiebra convencional, sino que presuntamente orquestó un esquema para inflar garantías. Bajo esta modalidad, la compañía habría utilizado un mismo vehículo para respaldar múltiples créditos ante diferentes entidades bancarias, ocultando dicha información a los compradores originales.
Vigencia de los pagos y riesgos financieros
A pesar de la intervención federal y el proceso judicial contra la directiva, las obligaciones financieras de los usuarios permanecen vigentes. Expertos en economía aclaran que, aunque el historial del préstamo haya sido manipulado entre la empresa y los bancos, el contrato firmado por el cliente sigue teniendo validez legal.
El impago de las cuotas mensuales podría derivar en el embargo del vehículo por parte de las instituciones financieras que poseen los títulos de deuda, además de generar penalidades adicionales en el historial crediticio de los afectados.
“Seguirías debiendo el dinero. Si no pagas, pueden quitarte el vehículo e incluso cobrar penalidades”, señaló José Ángel Ámbula, economista consultado sobre el caso.
Por su parte, el abogado de inmigración Omar Ortiz precisó la situación de quienes compraron con el Número de Identificación Personal del Contribuyente (Individual Taxpayer Identification Number, ITIN):
“La información personal, como el número ITIN o de Seguro Social, está protegida hasta cierto punto, siempre y cuando no sea parte directa de la investigación”.
Estatus de la investigación y datos personales
La acusación formal sostiene que la compañía alteró registros para hacer pasar carteras de créditos morosos como activos vigentes, logrando así obtener mayores líneas de financiamiento.
Sobre la privacidad de los clientes, las autoridades indicaron que los datos personales compartidos durante la compra (nombres, direcciones y números de identificación fiscal) fueron utilizados para respaldar los préstamos ante los bancos. No obstante, se ha aclarado que los compradores no son el objetivo de la justicia, a menos que se requiera información específica mediante una orden judicial.
Se recomienda a los afectados mantener la continuidad de sus pagos según lo estipulado en sus contratos originales y conservar de forma física todos los recibos y comprobantes de transacciones. Asimismo, las autoridades sugieren ignorar comunicaciones que no provengan de canales oficiales de las entidades bancarias correspondientes o de los administradores judiciales del caso.
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