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Florida | Nueva ley policial entra en vigencia el #1Ene: Esto se sabe

La legislación,que tiene el objetivo de brindar mayor seguridad a los agentes de la ley, ha generado una controversia.

Viernes, 13 de diciembre de 2024 a las 01:28 pm
Foto: iStock
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El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó una ley identificada como SB 184, la cual busca transformar la interacción entre la policía y los residentes.

Esta medida, que entra en vigencia el 1 de enero de 2025, establece que debe haber una zona de seguridad de 25 pues alrededor de los agentes del orden, mientras están ejerciendo labores.

La legislación,que tiene el objetivo de brindar mayor seguridad a los agentes de la ley, ha generado una controversia en torno a la delicada línea que separa la protección de la sociedad de las garantías individuales, especialmente ante la posibilidad de que se produzcan abusos de poder por parte de la policía en territorio floridano.

Esta norma legal establece que el incumplimiento de una orden verbal de un agente de la autoridad, al ingresar o permanecer en una zona de seguridad, constituye un delito menor que puede acarrear una pena de hasta 60 días de privación de libertad.

Ley genera opiniones encontradas en Florida

La recepción de esta regulación ha sido polarizada. Quienes la respaldan argumentan que es indispensable para salvaguardar la integridad física de los agentes encargados de hacer cumplir la ley, quienes se enfrentan a riesgos constantes en el desempeño de sus funciones. 

No obstante, sus críticos advierten que esta medida podría socavar el derecho de los ciudadanos a registrar y difundir información sobre las actuaciones policiales, lo cual es fundamental para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas.

El establecimiento de estas zonas de seguridad plantea interrogantes sobre cómo conciliar la necesidad de garantizar la seguridad de los agentes del orden con el imperativo de asegurar que las fuerzas policiales sean responsables ante la sociedad. 

Algunos expertos en derecho temen que esta ley pueda ser instrumentalizada para coartar la libertad de expresión de los ciudadanos y restringir el derecho del público a supervisar las actuaciones de la policía.

Con información de RPP

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