El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) lanzó una ofensiva regulatoria sin precedentes para desmantelar la atención de afirmación de género en menores a lo largo de todo Estados Unidos.
Bajo la dirección del secretario Robert F. Kennedy Jr., la administración de Donald Trump presentó este jueves una serie de propuestas que buscan asfixiar financieramente a los centros médicos del país.
El plan es drástico: retirar los fondos federales de Medicaid, Medicare y el Programa de Seguro de Salud para Niños (CHIP) a cualquier hospital que facilite bloqueadores de pubertad, terapias hormonales o intervenciones quirúrgicas a jóvenes trans.
Conflicto de legislaturas
Esta maniobra escala el conflicto desde las legislaturas estatales hacia el corazón del sistema sanitario federal. Actualmente, 27 estados ya prohíben o restringen estas prácticas, pero la nueva normativa pone en jaque el acceso en las casi dos docenas de entidades donde estos tratamientos siguen siendo legales y financiados públicamente.
Para un hospital estadounidense promedio, perder el acceso a Medicaid y Medicare —los mayores pagadores del sistema de salud— equivale a una quiebra técnica casi inmediata.
Esta presión obliga a los proveedores médicos a elegir entre su viabilidad económica o la continuidad de los tratamientos especializados para sus pacientes más jóvenes.
Comunidad médica en alarma
La comunidad médica ha reaccionado con una alarma profunda. Organizaciones de peso como la Asociación Médica Estadounidense (AMA) insisten en que estas intervenciones, realizadas tras evaluaciones profesionales exhaustivas, son vitales para tratar la disforia de género.
En contraste, el gobierno federal ignora estas recomendaciones científicas para imponer un control administrativo sobre decisiones que, según voces como la de Rodrigo Heng-Lehtinen de The Trevor Project, pertenecen estrictamente al ámbito privado entre doctor y paciente.
Aunque el anuncio no tiene carácter vinculante inmediato y requiere un extenso proceso de reglamentación y comentarios públicos, su sombra ya genera un efecto paralizante en las clínicas pediátricas.
Muchos hospitales han comenzado a suspender servicios en anticipación a la normativa definitiva. Mientras la Casa Blanca prepara la reescritura de los manuales de salud, el campo de batalla se traslada a los tribunales federales, donde jueces en estados como Arkansas y Montana ya han frenado leyes similares por considerarlas inconstitucionales, anticipando un choque de poderes que mantendrá en vilo a miles de familias.
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