Un juez federal no ordenará a la administración del presidente, Donald Trump, que restablezca los contratos de ayuda exterior y subvenciones cancelados, por medio de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), desde que llegó a la Casa Blanca en enero.
Sin embargo, instó al gobierno a acelerar los pagos de casi 2.000 millones de dólares por trabajos culminados.
En una decisión que marca un precedente legal significativo, el juez de distrito estadounidense Amir Ali, desde Washington, contradijo a la administración actual, reseña Reuters.
Su dictamen establece que el presidente no tiene la autoridad para retener los fondos destinados a la ayuda internacional, los cuales fueron previamente aprobados por el Congreso de los Estados Unidos.
Aunque el juez aclaró que no puede obligar a la administración a asignar dichos fondos a proyectos específicos, sí enfatizó que estos deben ser utilizados, a menos que el Congreso decida lo contrario.
"La provisión y administración de la ayuda exterior ha sido una tarea conjunta entre nuestros dos poderes políticos", escribió Ali.
"Esa asociación no se ha construido por conveniencia, sino por necesidad constitucional", agregó.
Organizaciones que demandaron a USAID no ven con buenos ojos la decisión del juez
La decisión judicial fue provocada por litigios iniciados por entidades que trabajan con o son financiadas por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y el Departamento de Estado.
Estas organizaciones presentaron demandas para impugnar la suspensión generalizada de casi todos los desembolsos de ayuda extranjera, impuesta por la administración en respuesta a un decreto presidencial emitido el 20 de enero por Trump.
Al respecto, Lauren Bateman, abogada de dos de los demandantes dijo que “la decisión de hoy reafirma un principio básico de nuestra Constitución: el presidente no es un rey".
"Pero somos dolorosamente conscientes de que, sin deshacer la suspensión masiva de las ayudas extranjeras, ganar en las cuestiones constitucionales no evitará el desastre humanitario causado por la congelación de la ayuda extranjera por parte de la administración Trump", agregó.
Cronología del caso de USAID tras eliminación de ayudas internacionales de Trump
El 13 de febrero, el juez Ali declaró ilegal la suspensión general de los pagos y ordenó su levantamiento.
Sin embargo, el gobierno mantuvo la mayoría de los fondos congelados, argumentando que estaba llevando a cabo una revisión individual de cada contrato y subvención.
A pesar de las reiteradas órdenes judiciales para liberar los fondos, el gobierno se resistió e incluso presentó una apelación ante la Corte Suprema de los Estados Unidos, la cual fue rechazada.
Más tarde, el 26 de febrero, el gobierno declaró haber concluido su revisión y tomado decisiones definitivas para cancelar más del 90% de sus contratos.
De acuerdo con Reuters, los demandantes en el caso han afirmado que no se llevó a cabo una revisión genuina, señalando comunicaciones internas de las agencias que ordenaban la cancelación masiva de cientos de contratos simultáneamente.
La semana pasada, el juez Ali estableció un plazo límite para el lunes a las 18:00 (23:00 GMT) para que se efectuaran los pagos pendientes por trabajos realizados antes del 13 de febrero a las organizaciones involucradas en la demanda, sumando aproximadamente 671 millones de dólares. No se ha confirmado de inmediato si se cumplió con este plazo.
En su orden del lunes, el juez Ali también instruyó a la administración para que procesara las facturas pendientes de organizaciones que no forman parte de la demanda, a un ritmo de aproximadamente 300 por día.
La administración ha informado que el monto total adeudado a todos los socios de ayuda extranjera por trabajos realizados antes del 13 de febrero asciende a cerca de 2 mil millones de dólares.
La Casa Blanca y el Departamento de Estado no emitieron declaraciones inmediatas en respuesta a las solicitudes de comentarios.
La suspensión de la ayuda exterior por parte de la administración Trump ha generado un caos significativo en las iniciativas de ayuda humanitaria a nivel global, un problema que persiste a pesar de la reanudación parcial de algunos pagos.
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