El manejo y anuncio de nuevas directrices del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), el más grande que otorga ayuda alimentaria en Estados Unidos (EEUU), ha llevado a que la fiscal general de Nueva York, Letitia James, pida correcciones.
Resulta que James, lideró hoy una coalición multiestatal -compuesta por otros 20 fiscales generales- para pedir al Departamento de Agricultura (USDA) que corrija “de inmediato” errores en las nuevas instrucciones federales que determinan quién puede recibir los beneficios de SNAP.
Resulta que al finalizar octubre, el USDA envió directrices a las agencias estatales de SNAP detallando cambios en la elegibilidad de programas como resultado del llamado "Proyecto de Ley Un Gran Hermoso", incluyendo nuevas restricciones a la elegibilidad de no ciudadanos para SNAP.
Punto clave de las directrices: Fiscales en contra
La principal advertencia de James es que la nueva guía del USDA trata erróneamente a varios grupos de inmigrantes como no elegibles para la asistencia alimentaria.
Asegura que contradice la ley federal de larga data, y podría impedir ilegalmente que residentes permanentes legales que hayan recibido asilo o hayan entrado en EEUU como refugiados, liberados condicionales u otros entrantes humanitarios para recibir las prestaciones alimentarias a las que tienen derecho.
Por esta razón, en una carta a la Secretaria de Agricultura Brooke Rollins, los fiscales generales exigen que el USDA corrija estos errores.
Par James, las directrices “confusas e incorrectas del USDA” ponen en riesgo a las personas vulnerables de perder los alimentos que necesitan para sobrevivir.
En este sentido, el fiscal general James y la coalición enfatizan que, según la ley federal, los refugiados y las personas a las que se les concede asilo o libertad condicional humanitaria se vuelven elegibles para SNAP tan pronto como obtienen el estatus de residencia permanente legal.
De hecho, los fiscales generales argumentan que el hecho de que el USDA no reconozca esta vía deja a los estados con instrucciones que podrían llevarles a negar ilegalmente la asistencia alimentaria a miles de familias.
Así mismo, la coalición -liderada por James- también expresan su preocupación por la tergiversación del USDA sobre el periodo de espera federal de cinco años que se aplica a algunos residentes permanentes legales.
Según la ley federal, refugiados, asilados, personas cuya deportación ha sido retenida y otros están exentos de este requisito y se vuelven elegibles para SNAP tan pronto como reciben la tarjeta verde.
Sin embargo, la nueva guía elimina erróneamente a estos grupos de la lista de exenciones, contradiciendo directamente las leyes federales y las propias regulaciones del USDA.
Tiempo de aplicación y resumen de exigencias
Por otra parte, James hace hincapié en que las regulaciones federales otorgan a los estados un periodo de gracia de 120 días tras la emisión de nuevas directrices para que puedan adaptarse a los nuevos requisitos sin enfrentarse a severas sanciones económicas.
Con el caso particular de que dicha guía del USDA afirma que este periodo de gracia terminó el 1 de noviembre.
Lo cual, en la práctica, equivale a justo un día después de que se publicara la guía (31 de octubre) y antes de que los estados tuvieran siquiera un día hábil para revisarla.
James indica que, al ignorar este requisito, el USDA pone a los estados en riesgo de sanciones importantes por errores causados enteramente por los propios retrasos e inexactitudes de la agencia.
Entonces, piden al USDA que:
- Corrija inmediatamente estos errores legales; aclarar que los refugiados, asilados y personas admitidas a través de programas humanitarios de libertad condicional pueden calificar para SNAP una vez que se conviertan en residentes permanentes legales.
- Listar con precisión los grupos humanitarios exentos del periodo de espera de cinco años.
- Proporcionar una explicación legal de cómo funciona la regla de los cinco años.
- También exigen que el USDA reconozca que el periodo de transición de 120 días comenzó en la fecha en que se emitió la guía, para que ningún estado sea penalizado por la confusión causada por instrucciones erróneas y tardías del USDA.
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