Texas se destaca por su fuerte historial de legislación restrictiva hacia los migrantes. Con el resurgimiento de la administración Trump, este estado ha contado con un sólido apoyo federal para intensificar sus medidas antiinmigrantes.
Como resultado, los legisladores republicanos han propuesto más de 60 nuevas iniciativas legales diseñadas para impactar negativamente a las personas indocumentadas.
De acuerdo con información publicada por The Dallas Morning News, los legisladores del partido republicano han introducido diversas propuestas legislativas que impactan áreas como la inmigración, la ciudadanía y la seguridad en la frontera.
¿Qué plantean los proyectos de ley antiinmigrantes en Texas?
Los legisladores, reseña El Tiempo, están considerando varias propuestas, entre las que se incluyen:
- El requerimiento de que los estudiantes indocumentados paguen la matrícula completa en las instituciones de educación superior.
- La obligatoriedad de que los condados establezcan acuerdos de colaboración con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
- La creación de una agencia estatal de seguridad, el Departamento de Seguridad Nacional de Texas.
- La imposición de la presentación de prueba de ciudadanía para el registro de votantes.
- La autorización para que las fuerzas del orden locales verifiquen el estatus migratorio de personas bajo arresto.
- Aunque se anticipan críticas a los proyectos de ley, el medio de comunicación indica que la población texana, en su mayoría, aprueba la forma en que se está manejando la cuestión migratoria.
Texas continúa su lucha contra la inmigración ilegal
Las medidas impulsadas por los legisladores republicanos en Texas reflejan la Operación Lone Star, el programa implementado por el gobernador Greg Abbott.
Esta operación, iniciada en 2021, busca contener el flujo de inmigrantes indocumentados a través de la frontera mexicana.
La operación ha dado el poder a las autoridades locales para hacer uso de todos los recursos disponibles para hacer cumplir las leyes de inmigración y prevenir actividades criminales en la frontera.
De acuerdo con el medio de comunicación, se han requerido cerca de 11.1 millones de dólares para la operación, y el gobernador ha solicitado al menos 6 millones de dólares extra.
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