En California, Estados Unidos, entrarán en vigor ciertas leyes o modificaciones de normativas que pretenden alcanzar un mayor equilibrio entre arrendadores e inquilinos, sepa qué esperar a partir del cuarto mes del año.
Se trata de una serie de regulaciones que tienen como objetivo promover una mayor transparencia y seguridad financiera en el mercado de la vivienda en California, como lo señala el portal de KSDY50.
Con inclinación a fortalecer la protección de los inquilinos y limitar las tarifas que los propietarios pueden cobrar más allá de los alquileres y acuerdos originales.
Es decir, una gran parte de los esfuerzos se enfocan en evitar que los inquilinos deban desajustar sus presupuestos por el cobro de cargos imprevistos.
Pero, también se planea resolver otros problemas de base que afectan a los inquilinos en el estado.
Leyes que mejorarán la situación de los inquilinos
Entre las más destacadas, se encuentra la Ley SB 611 prohíbe a los propietarios cobrar tarifas por notificar a los inquilinos sobre la terminación de su contrato de arrendamiento.
Y eso no es todo, también se elimina la posibilidad de exigir pagos adicionales por el uso de cheques para el pago de renta o depósitos de seguridad.
Así mismo, la norma también establece que los depósitos de seguridad no podrán superar el equivalente a un mes de renta, salvo excepciones.
En el caso de inquilinos en servicio militar, los propietarios deberán justificar por escrito cualquier solicitud de un depósito mayor y reembolsar el excedente en un plazo máximo de seis meses.
Otro factor que deberá estar presente en los contratos a partir de abril es la Ley AB 2747, la cual establece que los propietarios deberán ofrecer a los inquilinos la opción de informar sus pagos de renta positivos a agencias de crédito, lo que podría beneficiar su historial financiero.
Por otra parte, también entra en vigor un ajuste clave de la ley AB 2801, que obliga a los arrendadores a documentar con fotografías el estado de una vivienda antes y después del alquiler.
Esto busca garantizar transparencia en el uso de los depósitos de seguridad, limitando las deducciones a montos estrictamente necesarios para reparaciones esenciales.
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