El juez de distrito James Boasberg afirmó este jueves que el gobierno del presidente Donald Trump pudo haber actuado de “mala fe” al deportar a presuntos pandilleros venezolanos a El Salvador.
Según informa la agencia Associated Press, esto podría constituir un quebrantamiento de una orden judicial.
Boasberg emitió una orden que prohíbe temporalmente a la administración Trump utilizar una ley de 1798, hasta ahora aplicada en tiempos de guerra, para realizar deportaciones rápidas.
Postura del juez
Este jueves el magistrado celebró una vista judicial en Washington para determinar si el gobierno ha cumplido con sus órdenes o si es culpable de desacato.
El gobierno ha solicitado a la Corte Suprema que anule la orden del tribunal inferior y permita reanudar los vuelos de expulsión bajo la Ley de enemigos extranjeros.
Esta ley solo había sido utilizada durante la guerra de 1812 y las dos guerras mundiales.
Trump firmó un decreto para utilizar esta ley contra bandas transnacionales, como el Tren de Aragua, que ha sido declarado como organización terrorista extranjera.
No son criminales
Ante esta situación, los abogados de varios venezolanos expulsados sostienen que sus clientes no son miembros del Tren de Aragua, no han cometido delitos y están siendo perseguidos por sus tatuajes.
El 15 de marzo, Boasberg ordenó detener los vuelos de deportación bajo la ley de 1798 y pidió que dos aviones que se dirigían a El Salvador dieran media vuelta, pero estos no lo hicieron.
La Ley de enemigos extranjeros fue invocada el 14 de marzo, aunque no se hizo pública hasta el día siguiente, cuando las deportaciones ya estaban avanzadas.
Boasberg considera que esto sugiere que la administración podría haber actuado de manera inapropiada.
Boasberg interrogó al abogado del Departamento de Justicia, Drew Ensign, sobre por qué no se detuvieron las deportaciones ante la inminente vista judicial programada para las 17:00 horas del 15 de marzo.
Ante esto, Ensign respondió que no estaba al tanto de los “detalles operativos” de las deportaciones.
El Departamento de Justicia ha argumentado que los aviones ya estaban en ruta hacia El Salvador en el momento en que el juez emitió su orden.
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