Se ha dado a conocer que un juez federal bloqueó temporalmente -este viernes- a la administración de Donald Trump para que detengan ciertas deportaciones que se han convertido en polémica
Se trata de James Boasberg, quien decidió prorrogar -por otras dos semanas- la orden judicial que bloquea las deportaciones de migrantes bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, como lo reseña el portal de Diario Las Américas.
Lo que quiere decir que rechazó la solicitud reciente del Departamento de Justicia de EEUU (DOJ) para levantar la orden que bloquea el uso de la mencionada ley.
Esto, a pesar de que solo unas horas antes, el DOJ solicitara al Tribunal Supremo la anulación de la orden, pues considera que este pulso con Boasberg plantea "cuestiones fundamentales" sobre quién debe decidir cuestiones "sensibles" vinculadas a la seguridad nacional.
Detalles sobre la orden de suspensión y panorama sobre las deportaciones
La orden de restricción temporal impulsada por Boasberg el pasado 15 de marzo expiraba este sábado, si bien ahora con la prórroga seguirá vigente hasta el próximo 12 de abril.
Además, El juez también fijó una audiencia para el 8 de abril en la que se estudiará la viabilidad de una orden más duradera, según recoge ABC News.
Se debe recordar que, Trump invocó esta antigua legislación de 1798 para acelerar las deportaciones de inmigrantes presuntamente vinculados con grupos criminales, como el caso de los miembros del Tren de Aragua.
Recordemos que el gobierno de USA expulsó este mismo mes hacia El Salvador a más de 200 migrantes a los que vinculaba a la Mara Salvatrucha y al Tren de Aragua.
Esto, pese a que un juez federal llegó a dictar una orden para paralizar los traslados.
Por su parte, AP indica que el juez federal de distrito Brian E. Murphy dictaminó que:
Las personas con órdenes definitivas de deportación deben tener una oportunidad significativa de argumentar que ser enviadas a un tercer país presenta un nivel de peligro que justifica la protección. Su orden permanece vigente hasta que el caso avance a la siguiente etapa de alegatos.
En este sentido, los abogados de la administración argumentaron que una suspensión temporal interferiría con la aplicación de la ley migratoria.
Resulta que Murphy se puso del lado de grupos de defensa, incluida la Alianza Nacional de Litigios de Inmigración, que demandó el domingo en Boston en nombre de personas que fueron transferidas a terceros países o que temían serlo pronto.
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