La situación actual de los inmigrantes en Estados Unidos es de gran incertidumbre, especialmente para aquellos que han presentado solicitudes de asilo. La situación afecta al Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) que desde el 17 de enero emitió una nueva normativa.
Esta establece que se amplía el poder de los oficiales de USCIS para evaluar la elegibilidad de los solicitantes según un trabajo de Diario Las Américas.
Esto ha generado preocupación entre quienes buscan asilo. Los solicitantes cuentan con ciertas protecciones legales, incluida la opción de apelar decisiones negativas, pero la reciente regulación complica el panorama.
¿Cómo se gestionó en el gobierno anterior?
Durante la administración de Biden y Harris, la Oficina de Aduana y Protección Fronteriza (CBP) ha registrado más de 10 millones de encuentros con migrantes indocumentados.
Esto marca un récord en cuatro años, mientras que se estima que otros 2 millones han evadido los controles fronterizos, permaneciendo en paradero desconocido.
La mayoría de estos inmigrantes han ingresado al país mediante solicitudes de asilo político, lo que les permite acceder a Estados Unidos incluso si no cumplen con todos los requisitos.
Todos debieron demostrar ante los Tribunales de Inmigración que han sufrido persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social específico u opiniones políticas.
Nuevas restricciones
Las recientes modificaciones en el proceso de asilo en Estados Unidos introducen cambios significativos que afectan a los solicitantes.
En primer lugar, los oficiales de inmigración ahora tienen la autoridad para decidir sobre la elegibilidad de los solicitantes durante las entrevistas iniciales, una responsabilidad que anteriormente correspondía a jueces de inmigración.
Esta medida busca aliviar el colapso de casos en las Cortes, que acumulan cerca de 4 millones de expedientes, aunque podría limitar las oportunidades para algunos solicitantes.
Además, se han implementado expulsiones aceleradas para aquellos que no logren demostrar un temor creíble de persecución, lo que significa que podrían ser deportados de inmediato sin posibilidad de apelar ante un juez.
Las nuevas restricciones también dificultan el acceso al asilo para personas con antecedentes penales, incluso si estos son menores.
Solicitudes procesadas
El número de solicitudes procesadas diariamente ha disminuido, pasando de 2,500 a 1,500 en 2024, lo que deja a muchos solicitantes fuera del sistema.
Estas restricciones se justifican en un enfoque de seguridad nacional, según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que busca reforzar la seguridad pública y prevenir amenazas antes de que los migrantes ingresen al país.
Los solicitantes deben demostrar un temor creíble de persecución basado en factores como raza, religión, nacionalidad u opinión política.
deben hacerlo presentando pruebas sólidas como documentos, testimonios o informes que respalden sus afirmaciones. La falta de documentación adecuada puede llevar a una denegación inmediata durante la entrevista del "miedo creíble".
Casos sin avance
Adicional al tema de las nuevas restricciones se suma la cantidad de casos atascados de solicitantes de asilo. El sistema judicial de inmigración en Estados Unidos enfrenta una crisis significativa en este aspecto con casi 4 millones de casos atrasados.
Según el Centro de Información y Acceso de Registros Transaccionales (TRAC) de la Universidad de Syracuse, a fines de diciembre de 2024, había un total de 3.747.675 casos "atascados".
De estos, 1.815.805 correspondían a inmigrantes que habían presentado solicitudes de asilo formales y que ahora esperan audiencias o decisiones en el Tribunal de Inmigración.
Florida es uno de los estados más afectados, con 567.226 casos acumulados, de los cuales 374.168 están en Miami.
Unos 233.513 en Orlando y 948 en Miami Krome. Texas sigue con 490.004 casos, California con 405.230, Nueva York con 374.168, Illinois con 282.341 y Nueva Jersey con 222.931.
Casos por nacionalidad
En Miami, los cubanos representan la mayor parte de los casos, con 108.878 expedientes, seguidos por haitianos con 58.317 y los venezolanos con 37.898.
También se incluye a los nicaragüenses con 31.124 y guatemaltecos con 21.283 solicitudes pendientes.
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