La Patrulla Fronteriza enfrenta serias acusaciones tras una demanda presentada por la Unión de Trabajadores Agrícolas de Estados Unidos (UFW) señalandolos de abusos.
La UFW presentó la demanda junto con la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y cinco inmigrantes del condado de Kern.
Según informa El Diario NY, esta acción legal se origina a raíz de una redada llevada a cabo en enero en una zona agrícola de California, distante más de 480 kilómetros de la frontera con México.
¿Qué alegan los trabajadores?
La demanda, que se presentó ante un tribunal federal, alega que los migrantes fueron objeto de discriminación, maltrato y coerción para que se auto-deportaran.
Los demandantes buscan compensación por lo que consideran "redadas ilegales" y "arrestos indiscriminados".
Durante la operación conocida como Return to Sender, agentes de la Patrulla Fronteriza, normalmente asignados a la frontera, se desplazaron hasta Bakersfield.
Aquí fue donde implementaron operativos en comunidades latinas, arrestando a trabajadores agrícolas sin verificar su estatus migratorio.
Abusos y maltratos
María Hernández Espinoza, una de las demandantes, relata que fue obligada a firmar documentos que no pudo leer, lo que resultó en su salida forzada del país, a pesar de haber solicitado comparecer ante un juez de inmigración.
Ella y al menos 40 personas fueron deportadas, dejando a sus familias en EEUU y quedando varadas en México.
“Nos detuvieron porque nos vemos latinos o parecemos trabajadores agrícolas, por el color de nuestra piel. Fue injusto”, dijo Hernández.
Otras causas
La demanda también señala que las detenciones se basaron en la apariencia de las personas, afectando incluso a aquellos con estatus migratorio legal.
En algunos casos, los agentes usaron violencia durante las detenciones.
La UFW denuncia que estas acciones generan un clima de miedo y explotación laboral en el sector agrícola.
El abogado Ajay Krishnan, involucrado en la demanda, calificó las tácticas de la Patrulla Fronteriza como "inadmisibles".
Krishnan resaltó las prácticas ilegales de detenciones sin sospecha razonable y la falta de renuncia consciente a los derechos de los migrantes.
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